La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante este jueves una sesión extraordinaria, durante la cual se convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, y en la que obtuvo media sanción una iniciativa del bloque Unión por la Patria que garantiza a las instituciones bonaerenses el acceso a los servicios públicos.

El Centro de Industria Farmacéutica, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, se propone fortalecer una política de producción pública de medicamentos como parte esencial de las políticas sanitarias. Tiene como objetivo garantizar el suministro de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos e ingredientes farmacéuticos para toda la Provincia de Buenos Aires. Pretende además establecer estándares primarios y secundarios para el control de la calidad de la producción.

Entre las tareas del organismo se encuentran:

La investigación, desarrollo, exportación, importación, compra y venta de medicamentos, vacunas, insumos médicos y equipamiento, ingredientes farmacéuticos y cualquier tipo de insumo necesario para la salud.

El control de calidad de medicamentos, vacunas

Control de calidad de alimentos y agua

Obtuvo también media sanción una iniciativa del presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, para garantizar que las instituciones de la provincia tengan acceso a los servicios públicos. Este proyecto propone que las prestatarias de servicios públicos con jurisdicción provincial garanticen el suministro de gas, agua potable, luz y servicios cloacales para: asociaciones civiles sin fines de lucro, municipios, dependencias municipales y establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública. Estos organismos estarán alcanzados siempre y cuando sus consumos no superen los 5000 kw/h mensuales.

El corte de los servicios estará prohibido para estas instituciones, incluso cuando las mismas se encuentren en situación de mora o con aviso de corte. También establece que las empresas prestadoras deberán otorgarles planes de pago en cuotas mensuales que les faciliten saldar sus deudas.

En su intervención durante la sesión, Tignanelli declaró: "Este es un proyecto de profundo sentido de justicia social, pone igualdad entre los prestadores del servicio administrados por el privado y los que administra el sector público. Además, va a facilitar que lleven adelante las actividades de un montón de instituciones en la provincia de Buenos Aires. Una sociedad de fomento, un hospital, una institución educativa o un club que tiene cortado el servicio por falta de pago significan un montón de pibes menos dentro de ese lugar"