15 de mayo de 2020
Con un orden del día compuesto de 35 asuntos iniciados por
los tres bloques políticos, el Departamento Ejecutivo y particulares, el
Honorable Concejo Deliberante volvió a sesionar
este viernes. Fue la primera reunión legislativa desde que el 20 de
marzo pasado el Poder Ejecutivo Nacional decretó el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio.
Con un orden del día compuesto de 35 asuntos iniciados por
los tres bloques políticos, el Departamento Ejecutivo y particulares, el
Honorable Concejo Deliberante volvió a sesionar
este viernes. Fue la primera reunión legislativa desde que el 20 de
marzo pasado el Poder Ejecutivo Nacional decretó el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio.
La sesión -que se extendió por cuatro horas y media- se
llevó a cabo con medidas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones
del Sistema Integrado de Salud Pública. El protocolo elevado oportunamente por
el presidente Juan Pablo Frolik incluía una ampliación de la distancia entre
los participantes -que utilizaron barbijos y alcohol en gel- y reducción al
mínimo indispensable de la cantidad de personas presentes en el recinto, junto
a medidas de desinfección y ventilación de ambientes de acuerdo a
recomendaciones de especialistas en control de infecciones.
A pesar de los cambios la sesión fluyó de manera habitual,
sin que el protocolo por la pandemia de Coronavirus COVID-19 entorpeciera el
funcionamiento de la asamblea representativa.
En relación a este asunto los ediles aprobaron nuevas
disposiciones que facilitan y validan la realización de sesiones en forma no
presencial en caso de que eventos de fuerza mayor impidan la presencia en el recinto.
Este tema -surgido a raíz de la situación sanitaria de público conocimiento-
ameritó una modificación al artículo 5 del reglamento interno y la
incorporación de un capítulo de disposiciones especiales.
"Había que darle un marco legal a la realización de una
sesión fuera de los parámetros establecidos hasta hoy", explicó el Dr. Juan
Pablo Frolik. "Uno puede hacer una teleconferencia de trabajo por alguna
plataforma virtual como las que se están
utilizando en estos tiempos de distanciamiento, pero una sesión debe ser
validada y observar ciertas formas legales para que su contenido y
disposiciones tengan validez", agregó.
INTENSO DEBATE
Como en cada junta legislativa la mayoría de los temas se
aprueba sin sobresaltos, tras haber logrado acuerdo en el trabajo de las
comisiones. Pero otros ponen en
evidencia matices o posiciones directamente contrapuestas y en esos casos el
debate legislativo se enciende. En el retorno de las sesiones tras casi dos
meses de pausa esa función recayó en sendos proyectos de Integrar y de Juntos
por el Cambio.
El agrupamiento que preside Nilda Fernández presentó un
proyecto de comunicación que puso de manifiesto una gran preocupación por la
posible disolución de la Jefatura Departamental Tandil por decisión del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, lo que motivó el rechazo del
Frente de Todos y un decidido intercambio de opiniones.
Algo parecido ocurrió con una solicitud del bloque de
concejales del oficialismo a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para que comparta la base de datos de beneficiarios de programas de
asistencia social con el fin de cruzar esa información para lograr una mejor
asistencia en el plano local. El presidente de la bancada de Juntos por el
Cambio, Mario Civalleri, concedió que la reticencia del organismo a compartir
información no es atribuible a una cuestión partidaria pues durante el gobierno
de Mauricio Macri tampoco lograron acceder a esos datos. Pero esa salvedad no
evitó un largo debate donde no hubo acuerdo con el bloque del Frente de Todos,
que esgrimió razones de protección de la intimidad pero también ahondó en
críticas a la gestión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
Así las cosas, ambas cuestiones se resolvieron con la
mayoría oficialista y el acompañamiento del bloque Integrar.
Sin tanto debate aunque no por ello menos importante fue el
tratamiento de un proyecto construido entre la bancada oficialista y la del
Frente de Todos para la creación de un programa de refinanciamiento de
alquileres; uno de Integrar para que se incluya en los programas de asistencia
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a los jardines
maternales y otro de Juntos por el Cambio sobre la necesidad de que locadores y
locatarios vuelvan a discutir los contratos de alquiler en locales comerciales.
Las tres inquietudes son parte de la retracción económica que surge por efectos
de la pandemia del Coronavirus e impregna el trabajo de las comisiones de la
cámara legislativa.
Parte de esa línea de trabajo se vio reflejada en otro
proyecto del oficialismo que solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires la libre disponibilidad de fondos afectados para destinarlos de acuerdo a
lo que demande la emergencia sanitaria y económica que impone el COVID-19.
Todas estas cuestiones fueron definidas por unanimidad.
VIOLENCIA DE GÉNERO
La cuestión volvió a ponerse en debate en el recinto
legislativo a raíz de dos proyectos, uno del bloque del Frente de Todos y otro
de Juntos por el Cambio, que fueron votados afirmativamente por el pleno de los
legisladores municipales.
Desde la oposición Daiana Esnaola -presidenta de la Comisión
de DD HH, Género, Garantías y Seguridad- presentó un proyecto de comunicación
que solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre políticas
públicas en relación a mujeres y disidencias. El razonamiento detrás del
proyecto es elocuente: En el contexto de las medidas de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio descendieron los índices de todos los delitos con
excepción de los femicidios. "Ha crecido en Tandil la demanda de atención en
casos de violencia de género", refirió Esnaola con relación al escenario local
para luego destacar las medidas que implementó el gobierno nacional en cuanto a
la asistencia de víctimas de violencia de género y prevención de situaciones
cuyo desenlace suele ser fatal. Además, pregunta el proyecto sobre la implementación en Tandil de la "Ley Micaela",
que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para
todas las personas que se desempeñan en la función pública.
A continuación, desde la bancada de Juntos por el Cambio
María Haydeé Condino anticipó el acompañamiento al texto de la oposición y dio
por descontada una pronta respuesta de la directora de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del Municipio, Matilde Vide Álvarez. Por otra parte, hizo
notar que el fondo provincial de asistencia para víctimas de violencia de
género se encuentra suspendido desde el 8 de diciembre pasado: "En aquel
entonces era de $7500 y en un encuentro que tuvimos con la ministra de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos
Aires, Estela Díaz, nos dijo que esa cifra iba a llegar a los $30 mil para que
la mujer víctima pueda hacer frente a contingencias en una salida de la casa
donde sufre violencia". Condino apuntó que "en este tema necesitamos que se
aceleren los tiempos porque estamos ante una doble pandemia, la del COVID-19 y
la de los femicidios y la violencia contra las mujeres". En este punto agregó
un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante realice difusión de
"las vías de contacto para contención y asesoramiento a personas víctimas de
violencia de género".
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