La Justicia federal ordenó un allanamiento en la casa de Raúl Pérez Roldan, acusado por su hijo de lesiones, reducción a la servidumbre, administración fraudulenta, trata de personas y lavado de dinero. Precisamente fue sobre ese último delito donde el juez federal de Azul puso la mira en las últimas horas y secuestro en la vivienda de Tandil una serie de documentos vinculados con la Sociedad Bakota S. A, el vehículo a través del cual el acusado habría apropiado del dinero que el deportista había ganado en su carrera profesional.

Según señalaron a Infobae fuentes judiciales, el procedimiento se llevó adelante por orden del juez federal Gabriel Di Giulio y la fiscalía de Santiago Eyherabide a instancias de la querella, en manos del abogado Juan Ignacio Pascual. Se llevaron libros y documentos que apuntan a corroborar cómo fue la ruta del dinero.

La acusación sostiene que los delitos fueron cometidos como parte de un plan criminal trazado por el acusado que para someter a su hijo a un entrenamiento deportivo a bases de maltrato físico, psicológico y humillación, y así controlar cada uno de sus movimientos. A su vez, se encargó de administrar discrecionalmente y sin rendir cuentas las cuantiosas ganancias económicas obtenidas por la víctima producto de una exitosa carrera deportiva. En ese contexto Raúl Pérez Roldán administró y se apoderó ilegítimamente de las ganancias de su hijo como jugador profesional de tenis y las puso en circulación en el mercado nacional por intermedio de la sociedad BAKOTA SA - al adquirir inmuebles en la provincia de Buenos Aires- y depositar aquel dinero en el banco internacional INDOSUEZ de Montecarlo y en otros bancos en Suiza.

Según trascendió, a la causa llegó información del exterior que avalaba la hipótesis planteada y que, por el momento, resultaba confidencial. En ese contexto, la fiscalía solicitó una orden de presentación en la casa de Pérez Roldan padre, en la calle Moreno de Tandil, pero la querella se opuso. Una orden de presentación es invitar a alguien a que entregue las pruebas que se están buscando y, en este caso, el invitado era un acusado. Por eso la querella reclamó que el procedimiento se llevara adelante como un allanamiento.

"Habida cuenta los hechos investigados y que existen motivos para presumir que en el referido domicilio podrían encontrarse los libros de actas, balances contables y toda la documentación relacionada con la firma Bakota S.A., cuya recolección deviene necesaria para avanzar en la investigación (art. 224 CPPN), el registro domiciliario deviene procedente. Debo señalar que la orden de presentación no resulta admisible si su destinatario es el propio imputado, habida cuenta que la importa importa una orden o mandato imperativo que no compatibiliza con la garantía de incoercibilidad prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional", admitió el juez.

"No se me escapa que la medida procura evitar los efectos de un registro domiciliario de mediar un aporte voluntario del material requerido. Esta solución puede igualmente procurarse poniendo con conocimiento del imputado, en oportunidad de efectivizarse la medida, que el aporte voluntario de la documentación", se añadió. "Por consiguiente, ordenaré el allanamiento (...) el cual tendrá por objeto exclusivamente el secuestro de los libros de actas, balances contables y toda la documentación relacionada con la firma Bakota S.A", se añadió. El material ya está siendo analizado por los investigadores judiciales. Según se había señalado inicialmente, el perjuicio para el extenista profesional sería unos 5 millones de dólares.

(Fuente: Infobae)