Para los materiales de construcción, cada pedido se evaluará de manera individual.

Juliana Teerink, Subsecretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio expresó en Radio Voz (FM 106.9) "nos tomó por sorpresa la disposición, no era la línea en que veníamos trabajando".

"Desde la Secretaría tuvimos una interacción permanente desde el principio con quienes originalmente habían ocupado el espacio en La Movediza. En un primer momento fue difícil saber quiénes estaban, pero rápidamente logramos tener acceso a quienes fueron los primeros ocupantes, que hoy no están en ese lugar. Son familias que pudimos ir acompañando con los programas vigentes, desde apoyos para alquiler o materiales para que puedan construir. Después se incorporó otra gente, que no sabemos quiénes son. Hemos tenido reuniones con Defensoría, con quien compartimos información y criterios para trabajar en este invierno", agregó la funcionaria, además de aclarar que "no podemos entregar materiales para la construcción a nadie que no respalde con documentación de que sea propietaria o le cedieron legalmente el lugar. Administramos viene públicos, no podemos ofrecer materiales a quienes son ocupas".  

"Hoy por hoy, no tenemos el dato certero de quienes están en la toma. Hay trascendidos que habría familias que no son de la ciudad ni del país, pero sinceramente no tenemos acceso a la información. Por ende, no podemos pensar cómo abordar cualquier situación particular", subrayó Teerink.

Declaró también que "la ciudad está en un estado de déficit habitacional, pero eso no implica la práctica de la ocupación ilegal de una vivienda o un predio. Entendemos que el servicio eléctrico es esencial, pero tiene que tener en cuenta que tipo de instalación tiene, la instalación precaria hace al riesgo de vida. Nosotros no tenemos acceso para evaluar esto".

Por su parte, el Dr. Diego Araujo, Defensor público del fuero penal del departamento judicial de Azul, dijo en Radio Voz sobre la posición de la Justicia que "hay una posición humanista en la decisión. El núcleo de la cuestión está en esa mirada particular de tratar de mejorar, aunque sea en forma provisoria, la muy difícil situación que están pasando por el aspecto climático".

"Cada vez que se da una situación de ocupación masiva, lo que evidencia es un profundo conflicto social, que hay que mirarlo con mucha profesionalidad y tratar de encontrar la solución. El Derecho Penal no está preparado para resolver estos conflictos. Entonces, hay una judicialización de un conflicto social, donde de nuestro lado ejercemos el derecho de defensa con todas las herramientas legales que tenemos, y en el presente caso la resolución de la Cámara no está firme, por lo cual depende de una revisión que está haciendo el Tribunal de Casación", agregó el abogado.