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22/11/2022
Se complica la situación del padre del ex tenista Guillermo Pérez Roldan, acusado de explotación sexual, lesiones, abuso y lavado de dinero
En
sintonía con la querella, la fiscalía de Cámara de Mar del Plata sostuvo que
todas las denuncias deben investigarse en una misma causa, en la justicia
federal. En primera instancia se había decidido dividirla. La víctima insiste
en promover la detención del imputado
"Una vez, luego de perder un partido contra el
alemán Tore Meinecke, cuando entró a la habitación me dijo que subiera arriba
de la cama y me empezó a pegar con un látigo hasta que se cansó. Ahí fue una de
las pocas veces que me doblegó: le pedí que frene porque me dolía demasiado.
Finalmente paró de pegarme con el látigo. Pero me agarró de los pelos, me metió
al baño con violencia y me metió la cabeza adentro del inodoro y tiró la cadena
como diciéndome: 'sos una mierda'". Las palabras le pertenecen a Guillermo
Pérez Roldan, el ex tenista que denunció a su padre y entrenador, Raúl Pérez
Roldán, el año pasado no solo en un documental en el que reveló sus
padecimientos sino también en la Justicia. Por estas horas se define el futuro
de ese expediente.
Es que, según pudo saber Infobae, el último
viernes el fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata Daniel Adler decidió
acompañar, a contramarcha de lo resuelto por el fiscal de primera instancia, el
planteo de la querella de Guillermo Pérez Roldan y de la tenista Graciela
Pérez, que también fue entrenada por Pérez Roldán padre cuando era menor de
edad y se sumó a la denuncia penal. ¿Qué pide la querella? Que la causa no se
desguace, repartida en tribunales provinciales y federales, y que todo se
analice bajo el mismo trámite para dar una mirada global a los hechos que se
cometieron cuando los deportistas eran menores de edad.
Ahora, la decisión está en manos de la Cámara
Federal de Mar del Plata que, no obstante, tiene dos escritos que dicen lo
mismo: que la causa debe tramitar unificada. La defensa no hizo ningún
movimiento. En su escrito, además, la querella está insistiendo con otra medida
judicial: que se le prohíba a Raúl Pérez Roldan salir del país y se vuelva a
evaluar el pedido de detención que motorizó el denunciante.
Todo se enmarca en la denuncia que el año
pasado conmovió al mundo del tenis. Guillermo Pérez Roldán, una de las promesas
de ese deporte durante la década del 80 y 90, reveló los tormentos que sufrió
cuando era menor de edad a manos de su su padre. Raúl Pérez Roldán no solo se
encargaba de entrenar a su hijo para exhibirse en una cancha. Había sido
avalado por la Asociación Argentina de Tenis para llevar adelante el centro de
entrenamiento de menores en Tandil que, según la denuncia, se basaba en la
violencia física y psicológica. Cuando los chicos no mostraban el rendimiento
esperado, se ponía en juego el sistema de castigos.
Los tormentos de Guillermo incluían golpes con
cinturón, con palos, con toalla mojada o directas trompadas a mano cerrada o
abierta. "Era tal el temor reverencial que tenía frente a mi padre que nunca a
lo largo de todos los años tuve el valor de responderle y menos aún agredirlo
físicamente o enfrentarlo. Me encontré en un estado de sometimiento absoluto",
dijo el tenista retirado ante la Justicia cuando presentó su denuncia.
Fue tal la pesadilla que vivía que dos veces
pensó en suicidarse. La primera a los 17 años cuando cargó dos balas en un arma
que le había regalado su abuelo. "Todo el mundo pensaba que era una persona
exitosa pero yo vivía otra realidad, una vida de subordinación hacia mi padre
con maltratos físicos y sufrimientos psíquicos sin solución de continuidad. Así
fue que disparé dos veces el arma y no salieron las balas". La segunda vez
apretó el acelerador de su auto a toda velocidad en una curva. Quería terminar
con su pesadilla.
Según la denuncia, hubo una segunda parte del
"plan": Raúl Pérez Roldan se encargó del "apoderamiento de los beneficios
económicos obtenidos como consecuencia de la perdida de mi libertad personal: a
mi persona y al patrimonio de mi familia. Es decir, de esta forma materializó
el segundo tramo de su plan criminal y luego vendría la administración infiel
de esos bienes y la puesta en circulación de los bienes ilícitamente obtenido
en el mercado con apariencia de licitud". En esa acusación el tenista también
implica a su madre. Dejó de jugar en 1993. Al año siguiente ya no tenía un
peso.
"Yo debía jugar al tenis profesional, hacerlo
de la mejor manera posible y bajo el dominio y control de mi padre Raúl Pérez
Roldán. El mecanismo para ello era infundirme miedo mediante golpes y maltratos
físicos y morales. Cuando hubiere ganado dinero suficiente, apropiárselo
definitivamente; y luego la administración y puesta en circulación de los
bienes de origen ilícito bajo apariencia de licitud por intermedio de la
sociedad BAKOTA SA. Yo nunca me ocupé de la parte económica ya que confiaba en
él que me decía: "vos déjame a mí y no te ocupes, vos juga y tranquilo con el
tema económico que yo lo manejo...", añade la denuncia.
Enterado de la acusación en su contra, el
padre del tenista buscó bajar el tono a la acusación cuando el documental
estaba por estrenarse en la señal Start Plus. Dio a entender que su hijo estaba
siendo "inducido por alguien". "Me gustaría hablar con mi hijo, porque esto
tuvo una trascendencia que no debió haber tenido. Él me bloqueó de todos los
teléfonos. Con todo gusto hubiera hablado con él para mediar a través de quien
quiera para solucionar este problema antes que haya nacido, no ahora que se
armó un quilombo y mi mujer está loca. Mi hija también está muy afectada. Yo es
lo de menos, muerto el perro se acabó la rabia", aseguró.
La
causa
En septiembre pasado, el juez federal de Azul,
Gabriel Di Giulio, en consonancia con el fiscal Santiago Eyherabide, resolvió
que los delitos debían investigarse porque la causa no estaba prescript-externoa: las
víctimas eran menores cuando sucedieron los hechos. Sin embargo se declaró
incompetente para investigar si existieron lesiones, violación, privación
ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre y administración
fraudulenta. Bajo ese criterio, era la justicia provincial la que debía
analizar ese escenario, mientras en la justicia federal le tocaba dilucidar si
existió la figura de lavado de dinero. Y, sobre esa base, la fiscalía entendió
que Guillermo, la víctima, tuvo "uso y goce del dinero a partir de una
intervención plenamente válida en el manejo de los bienes" y que "recién
después de corroborarse el delito de reducción a la servidumbre podría hablarse
de generación de ganancias ilícitas".
Contra esa resolución, el abogado querellante
Juan Ignacio Pascual apeló ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Según el
escrito al que accedió Infobae, el representante de Pérez Roldan hijo sostuvo
que el dinero que él ganó jugando al tenis fue "infielmente administrado por su
padre, en su propio provecho" y luego inyectadas en otros negocios y sacadas
del país dándole "apariencia lícita". En ese marco, la querella resalto que es
la justicia federal la que debe investigar todo el cuadro por "la
responsabilidad del Estado Argentino frente a un riesgo de falta de tutela
judicial efectiva de la víctima" y ante los compromisos internacionales
asumidos por la Argentina en materia de abuso a menores de edad, entendidos
como graves violaciones a los derechos humanos.
"Al dividir y por lo tanto duplicar la
investigación", se está violando los derechos de la víctima, se sostuvo.
"¿Deberán las víctimas volver a efectuar el duro relato que tanto dolor les ha
causado ante el fiscal y el juez provincial? ¿Tendrán que ir, otra vez más, a
ratificar su denuncia? La escisión podría llevar, en el mejor de los casos, a
que se produzcan dos juicios. ¿Deberán las víctimas enfrentar en un debate oral
y público dos veces a su victimario? Pareciera que la única respuesta a tales
interrogantes y que se ajusta a la ley y a la tutela judicial efectiva que a
esta parte le corresponde es no", se quejó la querella.
El viernes, le tocó pronunciarse al fiscal
Adler, representante del Ministerio de Público ante la Cámara Federal de Mar
del Plata. "Nos encontramos ante hechos de inusitada gravedad y crueldad que
afectan a niños y niñas, en términos del derecho internacional convencional con
jerarquía constitucional (Convención de los Derechos del Niño y Convención
Americana de Derechos Humanos). Se traía de un caso donde un mayor de edad
habría sometido a malos tratos a su hijo y a otra niña de modo sistemático y
permanente, con explotación económica a partir de sus condiciones de
deportistas profesionales, afectando seriamente su personalidad y patrimonio",
repasó el funcionario en su dictamen.
Según resaltó, "la aplicación de los castigos
denunciados (tales como golpes, amenazas, violencia verbal, abusos sexuales,)
tendrían como objetivo la explotación económica de los niños a partir del
ejercicio de un deporte profesional y las ganancias que ello conllevaba, luego
de lo cual habría devenido la administración infiel del patrimonio de los niños
y el consecuente lavado de activos". En ese sentido, Adler planteó que "si bien
resultan acertadas las consideraciones del fiscal y del juez (de primera
instancia) en tanto consideran que no estaríamos frente a delitos de lesa
humanidad, las circunstancias y las características de los hechos sí
constituyen graves violaciones a los derechos humanos de los niños y de las
niñas".
Para la fiscalía, "el Juez Federal de Azul
entiende que los malos tratos y la administración infiel hacia los niños y
niñas deben ser remitidos para su investigación a la justicia local, pero
declara competente a la justicia federal para la investigación del delito de
lavado de activos que resultaría su consecuencia". Y señaló que "la
construcción realizada por el magistrado viola los principios procesales de
unidad de la investigación, concentración procesal y los criterios que ha
desarrollado la CSJN y la Cámara Federal de Casación Penal para una mejor y más
pronta administración de justicia".
A su criterio, "los hechos ilícitos conectan
con el lavado de activos y el descarte de dicha hipótesis en esta primigenia
instancia aparece prematuro, pues las secuelas del sometimiento que habrían
sufrido las víctimas pudieron haber impedido una efectiva administración y una
disposición real tanto de los bienes como de todo el andamiaje montado a través
de la sociedad Bakota. No aparece razonable que los hechos se escindan,
tramitando una parte por ante el fuero ordinario y otra ante la justicia
federal, no sólo porque se pierde la visión conglobada del caso, sino también
porque significaría exponer a las víctimas a dos procesos paralelos, lo cual
aparece en franca contradicción con los postulados de la Ley de Víctimas"
La querella vivió como un triunfo el
acompañamiento del Ministerio Público en esa instancia. Es que ahora será la
Cámara Federal de Mar del Plata la que tendrá que decidir cómo avanza el
expediente, pero sobre la base de dos posturas coincidentes que apuntan a
llevar adelante una investigación unificada en el fuero federal. De esa
decisión, puede depender el rumbo del expediente.
FUENTE: INFOBAE
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