Su familia fue testigo de la indignante e inhumana situación que Pablo atravesó en sus últimas horas en este mundo, cuando, el viernes 23 por la tarde, él comenzó a registrar algunos problemas respiratorios y ciertas dolencias en distintos lugares de su cuerpo. Por este motivo solicitaron su traslado al hospital, para que lo atendieran. El traslado, lejos de hacerse en un vehículo acondicionado para fines sanitarios, fue realizado en la caja de una camioneta de la policía, generándole golpes que le produjeron múltiples moretones. En el Hospital estuvo internado durante algunas horas y luego falleció producto de un paro cardiorespiratorio, provocado por una infección que tenía en la pierna y que se le había extendido. Dicha infección no había sido detectada a tiempo, porque no le habían practicado los análisis correspondientes, siendo esta una de las tantas prácticas médicas a las que Pablo no podía acceder por falta de instrumental y medios adecuados a su condición de obeso.

El trato denigrante se profundizó aún más después del fallecimiento de Pablo. Su cuerpo fue trasladado hacia el Cementerio Municipal en la caja de un camión sobre unos pallets y una colchoneta y tapado con una sábana. No había para él féretro adecuado a sus dimensiones corporales, ni previsión alguna para desarrollar el traslado de su cuerpo. Más aún, la intención inicial, era hacer rodar el cuerpo sin vida de Pablo, hasta que cayera a la fosa.  Si no fuera por los allegados, familiares y los mismos sepultureros que se opusieron y pidieron que aunque sea lo dejaran tal cual estaba, hubieran hecho eso, dado que alguien decía que se tenía que llevar la colchoneta porque el municipio lo pedía. Así se despidió Pablo de este mundo, siendo tan solo el corolario de un sinfín de derechos negados.

Queda claro que ni Tandil, ni nuestro sistema de salud a nivel provincial y nacional, están preparados para dar una atención humana, digna y conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, a quienes sufren obesidad. La obra social de Pablo había negado en reiteradas oportunidades la cobertura del único tratamiento que aparecía como la solución: internarse en una clínica privada para comenzar un plan de descenso de peso. En PAMI, donde se encuentra afiliada su madre, le ofrecían a cubrir la internación y tratamiento, si previamente Pablo se desafiliaba de su obra social y daba de baja su pensión no contributiva, siendo ésta última su único ingreso.

 o es la primera vez que una obra social niega lo que por ley se encuentra obligada a prestar. Pero no es posible que el único camino sea colapsar los estrados judiciales de amparos de salud. Debe existir por parte del estado, a través de la Superintendencia de Servicios de la Salud, una política activa de promoción del cumplimiento de las coberturas correspondientes a las personas con obesidad.

La Resolución 1643/2020 del Ministerio de Salud, decretó el 05 de octubre de 2020 que  se considere como grupo de riesgo, en el marco de la pandemia, a las personas con obesidad con IMC igual o superior a 35,0 kg/m2 (Obesidad Clase II y III). Nada cambió en la atención que estas personas reciben (o más bien, no reciben) en la difícil cotidianeidad que atraviesan.

La Ley 26.396, que declaró de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios, estableció entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo, dispondrá las medidas necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción, cuenten con las comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas que padecen obesidad. Y que asimismo gestionará ante los gobiernos provinciales y el de la CABA, la adopción de normas de similar naturaleza. Poco impacto en la realidad evidencia tener esta norma, ante casos como el de Pablo, sin herramientas ni infraestructura acorde para sus traslados, tratamientos médicos, internación. No existe tampoco previsión alguna para que tengan, las personas obesas, una digna sepultura al momento de su fallecimiento. Generando momentos de mayor desesperación y angustia en familiares y allegados que lo despiden.

El sobrepeso y la obesidad no sólo son perjudiciales para la salud física sino que también se verifican a diario, en múltiples ámbitos, acciones discriminatorias hacia personas con sobrepeso -situaciones de maltrato, violencia psicológica y verbal, desigualdad en el acceso a la vestimenta y a los servicios públicos, entre otras situaciones-. Esto afecta el autoestima y el desarrollo integral de la vida de estas personas.

Ha sido ya demostrado que no se trata de una cuestión de hábitos individuales: la obesidad y el sobrepeso responden a un "entorno obesogénico", es decir, un contexto que favorece su aparición desalentando el ejercicio físico y alentando el consumo de bebidas y alimentos "poco saludables". Es por esto que es fundamental la participación de los diferentes estamentos del Estado en este tema para poder brindar una respuesta integral a esta epidemia.

La obesidad es un factor de riesgo determinante de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos músculo esqueléticos y enfermedades respiratorias. También es hoy un factor de riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, puesto que debilita el sistema inmunitario y genera una situación de inflamación crónica en todo el cuerpo.

Desde 1975, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.

En la Argentina, la mitad (49,3%) de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad al terminar el ciclo escolar primario. Y el país está en el primer puesto de la región en sobrepeso en menores de 5 años. Además, en nuestro país, 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso.

La obesidad afecta a todos los niveles socioeconómicos, y a todas las edades. No es posible que ante semejante problemática, el Estado siga dando respuestas insuficientes, y teniendo un sistema sanitario no adaptado a las necesidades de estas personas. El acceso al derecho a la salud, el desarrollo integral como personas, y la vida, de las personas con obesidad, debe ser defendido desde todo estamento estatal.

Para que nadie más pase por lo que pasó Pablo.

(Barrios de Pie)