Se podría deducir, entre otras cosas, materiales e indumentaria; clases de apoyo e idioma; transporte escolar o de pasajeros y residencias; comedores escolares, cuotas de cooperadoras, instituciones educativas y matrículas.

"Este tipo de debates son los que deben darse, porque tiene que ver con la inversión que muchas familias realizan para progresar. La educación no es un gasto, es una inversión para mejorar tu futuro", apuntó Weber para justificar el proyecto.

La iniciativa establece una deducción con un tope de un salario mínimo vital y móvil por mes por persona para aquellos que perciban hasta el equivalente de 12 salarios mínimos brutos por mes, y contempla que quienes ganen entre $55.000 y $145.000 puedan descontar cada mes de Ganancias distintos ítems como materiales, clases de apoyo, clases de idioma, transporte escolar o de pasajeros por automotor y ferroviario desde y hacia las instituciones educativas, residencias universitarias, comedores escolares, indumentaria escolar, cuotas de cooperadoras y de las instituciones educativas y matrículas.

El concejal de Juntos por el Cambio comentó que la propuesta "también permitiría que muchos gastos que no se registran en blanco, como el pago a maestros particulares, se blanqueen, por lo que se tributaría sobre actividades que no suelen hacerlo. Y a medida que aumenta el nivel de educación es un mayor nivel de ingresos futuros". 

Según los cálculos, el costo fiscal solo representa (en el caso más extremo) el 0,32% del presupuesto nacional vigente para 2020, aunque con la última ampliación del presupuesto 2019, el impacto sería de 0,24%, explicaron los impulsores de la iniciativa.

La propuesta se sustenta en que un aumento de un punto en la matriculación primaria está asociado a un cambio de 2,5% en la tasa de crecimiento del PBI per cápita, y del 3% para el caso de la secundaria. Una variación del 1% en las matrículas secundarias se asocia a una mejora del 1,5% en la productividad. Además, las personas con título universitario tienden a ahorrar un 32% más que el resto. A medida que aumenta la cantidad de años de formación, también lo hace el ahorro.

Weber hizo notar que "en solo 13 años la inversión pública en educación superior se recuperaría, es decir que a los 8 años del egreso del estudiante el país comienza a recuperar su inversión y los restantes 32 años de vida laboral de la persona son ganancia neta para el Estado".

Finalmente opinó: "Aumentar las erogaciones en concepto de educación redunda tanto en una mejora del bienestar individual y colectivo como en la posición fiscal del Estado hacia el futuro, debido al incremento de la recaudación y la disminución del gasto social, por eso desde Tandil auspiciamos el tratamiento de este proyecto de ley".