Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto la crisis de vivienda que hay en Tandil. No es algo nuevo, sino que la pandemia ha profundizado los problemas que traemos.

Naturalmente, los alquileres son la consecuencia de un determinado tipo de modelo de desarrollo urbano y de una ausencia de política habitacional a nivel local.

Venimos desarrollando proyectos de ordenanza para mejorar un poco la calidad de vida de los inquilinos. Hay que tener en cuenta que en Tandil pasamos del 2001 al 2020 pasamos de 15,5% de inquilinos al 30% por lo menos. De más de 70% de propietarios, al 60%. En ese lapso, 17 años fueron de la gestión Lunghi, o sea que tiene un grado de responsabilidad en esto.

Esto no es casual, hay muchas explicación de porqué va surgiendo que nunca en la historia de Tandil se construyó tanto como en los últimos 20 años, y sin embargo la propiedad se concentró en menos manos y se duplicó la cantidad de inquilinos. Al mismo tiempo, hay menos disponibilidad de lotes y viviendas, subiendo más el precio.

- Es una concentración de propietarios...

- Totalmente. Además, se concentra no solo  la propiedad, sino también la riqueza.

Hace unos días presentamos tres proyectos de ordenanza. Uno sobre la creación de una encuesta municipal de inquilinos en la pandemia, porque la desactivación económica ha generado que no tengan ingresos para pagar el alquiler, lo que generó múltiples conflictos.

Otro, un descuento en la tarifa de energía eléctrica, que es una de las herramientas que tiene a mano el municipio.

Después, un programa de apoyo integral para el sector.

Naturalmente, esto por ahora no ha avanzado, y la respuesta del oficialismo ha sido responder con estadísticas. Nosotros hemos dicho que hay 15 mil hogares inquilinos, eso da entre 40 y 45 mil personas. Y que hay un piso del 30% de la ciudad en alquiler.

Nos respondieron que este número era muy grande, que no se sabía de donde se sacaba y que en realidad tenía un objetivo político para darle una dimensión mayor al problema. Esto generó muchísimas críticas en la ciudadanía.

- En que cambiaría que sea un número u otro...

Ninguna estadística invalida el drama, eso no resuelve si tenes o no política de vivienda. Y sigue siendo un montón igual.

La respuesta que generó la polémica es que en vez de 15 mil hogares inquilinos hay 14320, lo cual no es una diferencia que dé lugar a deslegitimar un justo reclamo.

Eso se traslada a que serían menos de 35 mil, porque según la encuesta de hogares y empleo municipal, había que multiplicar en 2.6 por hogar. El primer error, que esa cuenta que es algo aproximado, tanto como la nuestra.

Pero resulta que si no va a esa encuesta, que está publicada en la página del municipio, dice que 137922 personas, 50600 hogares residenciales, 60% propietarios y 30% de inquilinos.

En principio, 14320 x 2,6, no da menos de 35 mil, sino más de 37 mil, que se acerca a nuestro número. Pero la encuesta de hogares que cita, dice que el promedio es 2,73, lo que sube a más de 39 mil. 

Resulta que si uno toma 30% de los datos del municipio, da 15180 hogares, más de lo que decimos nosotros. Y multiplicando por 2,73, da más de 41 mil personas. Cada vez más cerca de nuestro dato.

O sea, no daba salir a respondernos tratando de usar la estadística, porque está de nuestro lado y no es el problema central.

Esos números son de 2018, y las estadísticas dicen que hay 500 hogares inquilinos nuevos por año. Por ende, ahora habría 1000 más, superando los 16 mil hogares según datos oficiales, lo que llega a las 45 mil personas.

Evidentemente, este no es el problema central, es que no tenemos política de vivienda, y Tandil de alguna manera duplicó sus inquilinos en los últimos 20 años.

Venimos de cuatro años de crisis económica y nos agarra la pandemia, lo que hace que la situación de los inquilinos sea realmente crítica. La mayoría vive del salario, muchos son de sectores sociales vulnerables y realmente muchos no pueden pagar el alquiler, no saben que van a hacer después de octubre cuando termine la emergencia, no saben cómo hacer para renovar un contrato porque no tienen los ingresos.

Vemos que la ausencia de política habitacional genera concentración de la propiedad y también transferencia de ingreso.

No criticamos si está bien o mal que alguien viva de rentas. Pero el dato objetivo dice que los inquilinos trasladan 2500 millones de pesos anuales, 16180 contratos a un promedio de 13000 pesos. Pasado a dólar oficial de $75, son 33,3 millones de dólares. O sea, los inquilinos somos ricos, pero es la ausencia de una política de vivienda la que nos empobrece.

El dólar oficial no sirve para comprar lotes o viviendas, si lo pasamos al dólar blue de $125, son 20 millones de dólares. Podríamos comprar, teniendo una base de 35000 dólares un lote en las zonas alejadas de la ciudad, son 572 lotes.

No es que no podemos comprar, no lo hacemos porque transferimos de otra manera.

- ¿Qué puede hacer ante esto el Estado Municipal?

- estamos en una crisis del mercado de vivienda en un doble sentido. Por un lado, la rentabilidad empresaria, porque está estancado el mercado, hoy no se vende un solo inmueble. Pero por otro lado, tenemos una crisis de la desde quienes necesitamos acceder a una vivienda. El modelo se fue comiendo así mismo.

Hay tres visiones, la del sector empresario más concentrado ligado a este mercado, que pide que le den mayores indicadores para construir más en las zonas más rentables, densificar más la ciudad y hacer productos cada vez más caros; o avanzar sobre zonas como el faldeo serrano. No piensa en cómo resolver la situación de vivienda o en los problemas ambientales, en ser coherente en un desarrollo urbano. Tiene lógica, vivis en una determinada actividad económica y buscas rentabilidad.

Otra visión es la del oficialismo, que considero pragmática, no tiene fundamentos teóricos y está desactualizada. No sabe cómo resolver el problema del desarrollo urbano, se le permitió indicadores en la sur serrana y en la zona centro, que ya se usaron, se verticalizó la ciudad, se construyeron complejos. Esa rentabilidad posible, ya se usó.

El municipio no tiene una mirada sistemática, coherente ni un fundamento teórico para resolver el problema urbano y de vivienda. Al comienzo de su gestión, que coincidió con el boom inmobiliario, tuvo una estrategia de recepción, funcional a ese nuevo auge del mercado. Se construyó para sectores medios o altos, o sectores de fuera de la ciudad. Ese mercado permitió cierto auge económico pero no abordó el problema de la vivienda, que empeoró. Una vez usada gran parte de las posibilidades de urbanizar, la propia rentabilidad se estancó.

Una tercera visión que tenemos desde el Frente de Todos, referentes y organizaciones que hemos abordado el tema. Necesitamos seguir creciendo teniendo en cuenta el consenso y los limites ambientales acerca de no hacer uso urbano de las sierras, tenemos que entender que no podemos hacer una densificación salvaje de las áreas centrales, debemos crecer para el lado noreste y noroeste de la ciudad, y que el crecimiento debe ser planificado. Y algo más, tiene que ampliar la oferta de tierra urbana, la clave es la escasez de suelo, que hace a la ciudad cara y desigual.

Hay que ampliar la oferta tierra y a un valor por debajo del mercado, como lo han probado las asociaciones civiles. Esa planificación, la tiene que hacer el Estado. El Estado debe convertirse en planificador urbano, para poder hacer que esa nueva etapa de desarrollo, sea funcional a resolver el problema de la vivienda.

Tiene las herramientas legales, no hay que inventar nada. Se permite hacer acuerdos con privados para adquirir parte de esas tierras, y cambiar los indicadores para favorecer a los propietarios quedándose con una parte que le sería mucho más rentable. De esa manera el Estado se hace de mucha tierra, que la puede poner a disposición a valores sociales, muchos más baratos.

Hoy no hay otra manera de empezar a resolver. El Estado municipal es el resonsable de decir para donde crecemos y para comandar ese crecimiento urbano para que sea funcional a reactivar la industria de la construcción, pero que sea funcional al acceso a la vivienda.

- La creación de la Oficina de Inquilinos, ¿sirvió para algo?

Hablamos seguido con el responsable de la Oficina, sé que en la pandemia han crecido la cantidad de casos que se han acercado.

El informe de 2019 municipal, dictó que dentro de la Secretaría Legal y Técnica el problema de los alquileres se transformó en el de mayor cantidad de casos a asistir y los que usaron el servicio de mediación comunitaria.

Creo que fue útil, no alcanza con eso. Muchas veces se trabaja de manera fragmentada con desarrollo social, por eso nosotros presentamos un proyecto para generar un programa integral de apoyo al sector.

Entendemos que una de los aspectos fundamentales de la política de vivienda, es el suelo urbano, hay que generar lotes con servicios más baratos. Otro son los asentamientos informales, el registro de Barrio Populares censó más de 10.

Otro tema, es que hay otros municipios que pudieron construir y desarrollar planes de vivienda pública municipal a valores accesibles.

Un cuarto tema es el de los alquileres. De 2015 en adelante hemos logrado la idea que primero era un tema entre privados y el poder público no podía hacer nada, conseguimos en la agenda pública que el municipio si puede hacer.

Se pueden desarrollar políticas que vayan hacia lo que llamamos un municipio del alquiler justo. Dentro de la potestad que tiene el municipio, que es limitada pero no que sea ninguna. Por ejemplo, se puede generar un fondo público de garantías, porque hoy el problema no es solo cuanto ingreso destino al alquiler, sino también lo que tenes que tener cuando vas a acceder al alquiler.

- También están las inmobiliarias, ¿Qué predisposición tienen los martilleros?

- en general ha sido un sector bastante esquivo y ha tenido una mirada muy problemática a plantear esta agenda. Primero se han opuesto. Lo cierto es que es una agenda que no es producto de una invención política, sino de un proceso real.

no hay ninguna duda que tenemos visiones muy encontradas. Primero porque ellos dicen representar a los inquilinos y representan a los propietarios, aunque no debería ser así.

Son contratados por los propietarios, pero le pagamos los inquilinos. No debería ser asi, de hecho la ley en Tandil se incumple. La comisión se debería pagar mitad y mitad, y la pagamos completa los inquilinos.

 Además, varios de ellos forman parte de los multipropietarios. Suceden situaciones muy absurdas, por ejemplo inmobiliarias que son propietarias, que después te cobran una comisión por gestionar una propiedad de ellos.

Creo que ven el submarino rojo en cualquier planteo que intente hacer que las cosas sean más justas.

No hacemos esto para afectar sus intereses. Y si afectamos los intereses de los grandes multipropietarios, la verdad es que nos tiene sin cuidado. El problema es resolver como hacemos para que la gente viva un poco mejor.