Ahora, los oficiales deberán cumplir tres años de prisión de ejecución condicional, y estarán inhabilitados para ejercer la función pública por seis años. Además, deberán abonar cuatro mil pesos. 

El sábado 11 de abril de 2015 El Diario de Tandil publicó en tapa una investigación que revelaba la ruta de la coima que policías cobraban a transportistas para permitirles circular por las rutas bonaerenses con sobrecarga. Los camiones con cargas que exceden lo permitido transportan habitualmente bloques o subproductos de piedra de las sierras de Tandil, Olavarría o algún otro centro de extracción. Y, con la excusa de que el negocio no es rentable, destrozan las rutas al llevar on más toneladas que lo admitido por la ley. Para hacerlo sin riesgo de ser multados pagaban un "peaje" en distintos destacamentos viales. Por el mismo precio los policías ofrecían un servicio extra, que consistía en avisarles cuando un órgano del Estado que aquellos no podían controlar ponía balanzas móviles para hacer operativos de control.

Tras la publicación de aquel informe, ese mismo año la Justicia -encarnada en el fiscal Marcos Egusquiza- tomó la iniciativa y comenzó una investigación. Lo hizo de oficio, es decir, sin que una persona radicara la denuncia. El artículo de este semanario había puesto en evidencia un entramado de corrupción que, además, estaba naturalizado. "Lo empecé a investigar porque el tema se volvió vox pópuli, se hablaba del asunto en muchos lugares", asegura el fiscal a este medio.

Con paciencia de araña fue tejiendo una red investigativa que le permitió colectar suficientes indicios contra el comisario Héctor Omar Urruchúa y el agente Ramón Alfredo Flores, responsable y mano derecha respectivamente del Destacamento de Seguridad Vial al momento de los hechos que se investigan. Les imputó la comisión de los delitos de concusión, dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.