Sin embargo, la reducción choca con la situación social, un aspecto que fue observado por la Auditoría. "De las visitas a los comedores surge que en 2016 la afluencia de gente supera la capacidad instalada en las organizaciones comunitarias, que deben dar de comer a más personas con la misma cantidad de prestaciones financiadas", se expuso.

El centro del estudio está realizado en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. A través del programa, el Estado realiza un aporte a las organizaciones comunitarias para mitigar las necesarias alimentarias de los sectores más vulnerables.

Hacia adelante, las estimaciones analizadas en el informe también marcan un descenso: 179.000 en 2019 y 173.000 para 2020.

Según el informe, hubo una reducción en la cantidad de entidades que pasaron a recibir fondos de alrededor del 15,86%, "menos de la mitad del total inicial, en un contexto de emergencia social y alimentaria", se consignó.

En el informe se dejó constancia que no se convocó a nuevas entidades para que integren el plan, dado que, advirtieron, una "estrategia de reducción paulatina de beneficiarios". El organismo citó que hay una intención de "desfinanciamiento", al comparar los presupuestos y el crecimiento de los recursos ministeriales.

"El Programa de Abordaje Comunitario cumple una función esencial en las políticas alimentarias y nutrió el tejido social en barrios de grandes aglomerados urbanos. En ese sentido, debería ampliarse la convocatoria a aquellas organizaciones que hoy no están siendo financiadas y hacerla extensiva a pequeñas o medianas ciudades, hoy excluidas, estableciendo mecanismos de actualización de montos de las prestaciones, de modo de garantizar el cumplimiento de una obligación indelegable del Estado nacional", afirmó la AGN.

(AGENHOY)