El operativo se originó a partir de una investigación realizada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores. Los dos campos allanados pertenecen a la persona que reclutaba a las víctimas y las hacía trabajar jornadas de más de 16 horas. Se constató que una vez finalizada la cosecha de papas en una de esas instalaciones, los trabajadores eran trasladados a la otra para continuar con la explotación.

También se advirtió que algunas de las personas rescatadas por el programa dependiente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos desarrollaron problemas de salud debido a las extensas jornadas de trabajo y las pésimas condiciones de alojamiento.

Los hombres rescatados, de entre 18 y 50 años, dormían en casillas-containers, tenían que extraer agua de un pozo para bañarse y compartían entre todos cuatro duchas precarias.

Entre las víctimas había tres de nacionalidad boliviana, en tanto que el resto provenía de localidades de las provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires. Las personas rescatadas están a resguardo del Programa Nacional y se está gestionando el retorno a sus provincias.

De las entrevistas con los especialistas del Programa se pudo saber que las víctimas no recibían remuneración por sus labores desde hacía más de un mes, y que se les realizaban descuentos en razón de traslados y comida.

Participó de la intervención la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.