17/12/2018
Una de las asignaturas pendientes de la política agropecuaria nacional es presentar una nueva Ley de Semillas. Tras algunas sesiones en la Legislatura nacional y cuando parecía que este tema tendría alguna definición, finalmente se trasladó al próximo año.
por
El Chacarero
En una entrevista con Fundación Barbechando,
el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados nacional, el
legislador por Cambiemos Atilio Benedetti reconoció esta situación. "Debemos
esforzarnos para que se trate en primeros meses del año porque el 2019 es un
año electoral", confió. La iniciativa, ya cuenta con dictamen, que habilita su
tratamiento en el recinto.
Más allá de este escenario, algunas entidades
del sector no están de acuerdo con los contenidos de esta ley, como el caso de
Federación Agraria Argentina (FAA). En este sentido, advirtieron que "los
vegetales no son patentables", al referirse al proyecto de Ley de Semillas que
se encuentra en el Congreso Nacional a la espera de un debate que quedó
postergado hasta lograr un mayor consenso.
La nueva Ley de Semillas propone limitar el
uso propio de la semilla y establece el pago de regalías, pero exceptúa del
mismo a agricultores familiares, pueblos originarios y productores con una
facturación de hasta 4,8 millones de pesos.
La entidad rural, a través de un comunicado
resaltó que "el agotamiento del derecho de propiedad intelectual debe ser
contundente en el momento de adquisición de la semilla por parte del agricultor.
Los vegetales no son patentables" y remarcó que "el uso propio gratuito es un
derecho consagrado en nuestra legislación y ello debe mantenerse firme".
El proyecto de la nueva Ley de Semillas obtuvo
hace poco más de una semana dictamen de las Comisiones de Agricultura,
Presupuesto y Hacienda, y Legislación General de la Cámara de Diputados, pero
ahora quedó postergado su debate hasta lograr un mayor consenso.
La actual Ley de Semillas data de 1973 y
permite de manera irrestricta el uso propio, condición que el nuevo proyecto
busca modificar. La futura norma busca el fortalecimiento del INASE (Instituto
Nacional de Semillas) como organismo único de control de tecnología en
semillas, y la desgravación por el uso de semillas fiscalizadas.
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