Nos encontramos en un contexto en el que está en crisis esa política de estado en materia de energía, desde hace años es errático y bipolar el camino, y tal circunstancia abre la duda al basamento del desarrollo, sin un programa determinado con pautas objetivas y justificadas.

A nadie escapa a esta altura, la necesidad de una readecuación tarifaria de carácter integral, pero con prudencia, certeza, previsibilidad y razonabilidad. (como asi lo determino la Corte Suprema de Justicia de la Nacion ante presentación de Amparo Colectivo).

Es por ello que ante esta actualidad, en la que en 2016 y 2017 las tarifas de gas crecieron 927% y electricidad 920%, mientras que los salarios lo hicieron en el orden del 63%. El tema se discute en todos los estamentos, a nivel nacional mediante un proyecto de Ley que ha obtenido media sanción, en el orden provincial existen iniciativas del gobierno que pretenden excluir impuestos provinciales, y en lo que respecta a los municipios, tenemos propuestas locales e incluso decisiones de Organismos de control que afectan en forma directa la participación de las tasas municipales en las boletas de servicios (en este caso de energía eléctrica).

Así; en Nación el proyecto de ley que ha obtenido media sanción propone retrotraer las tarifas de agua, gas y luz a noviembre de 2017 y establece que los servicios se actualizarán de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial en el caso de los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas para las PyMES, a su vez dicha iniciativa protege a los usuarios residenciales, pequeñas empresas, cooperativas de trabajo, y clubes de barrio. En Provincia, la gobernadora al eliminar ciertos tributos de las facturas, ha optado por mantener incólume las ganancias de las distribuidoras en perjuicio de los municipios. A las empresas vinculadas al sector energético, que obtuvieron enormes ganancias, multiplicaron el valor de sus acciones y distribuyeron dividendos, se les han preservado sus  intereses. Poniendo "en agenda" el impacto de los impuestos en las facturas, sin discutir la posición de las empresas concesionarias del servicio publico.

Parece que en estos tiempos el "esfuerzo compartido" se encuentra un tanto desequilibrado, a los sectores productivos, comercios, clubes y familias se les demanda mayor participación en dicho esfuerzo, que a las propias concesionarías y empresas de servicios.

Sumado a lo antes expuesto, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) emitió una resolución que establece que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas "conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio". En el caso de Tandil tenemos, tres ordenanzas que suman tributos a los consumos del servicio, la ordenanza 2.505 que norma en cuanto a inversiones en materia de iluminación; la 5.791 que hace a la concesión para la prestación del servicio de alumbrado público; y la 9.495, el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), estipulado para patologías de alta complejidad. Hemos sido críticos respecto al uso de esos recursos, su deficiente ejecución, inadecuada aplicación y escaza optimización, aun así considero que es inequitativo comenzar por ahí, pues son conceptos ya consolidados, previamente aprobados, y debidamente presupuestados. Es un palmario detrimento de  las autonomías municipales y su sustentabilidad.

Queda para el análisis si corresponde incorporar tributos provinciales y/o municipales en los servicios básicos  en los que el vecino esta compelido al pago precisamente por su naturaleza, probablemente se debe avanzar en despejar esas cargas que no guardan razón con la prestación.

Lo que no se puede obviar es el sujeto a amparar, que en estos tiempos esta siendo vulnerado, el contribuyente, que día a día recibe las facturas de servicios con aumentos exponenciales.

Debe primar la sensibilidad, el sentido común y la inteligencia en la toma de decisiones.